CAMINOS DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE GUATEMALA:
DEMOCRATIZACIÓN VERSUS GLOBALIZACIÓN O EL NUEVO DESENCUENTRO DE DOS MUNDOS
Por: Renato Lechuga García
Gestor Y Planificador Territorial Municipal De Guatemala
Desde su independencia de España en 1821, Guatemala ha vivido procesos electorales con frecuencia y regularidad. Sin Embargo, Puede Ser Considerado El País Con Menos Cultura Democrática De América Latina. Esta aparente paradoja se desvanece a la luz de tres características recurrentes de su vida política:
1. El Uso De La Violencia Como Modo De Acción Política,
2. La Exclusión De La Mayoría De La Ciudadanía Del Juego Electoral, Y
3. El Recurso Al Fraude En Los Comicios.
1. LA DEMOCRACIA EN CLAROSCURO DE GUATEMALA:
Una Democracia Muy Joven…
En cuanto a la violencia política, su mayor expresión ha sido probablemente el conflicto armado interno que entre 1962 y 1996 enfrentó distintas guerrillas izquierdistas a los gobiernos de turno. Este conflicto, que conoció su apogeo a finales de los años setenta y principios de los ochenta, cuando los generales Fernando Lucas García y Efraín Ríos Montt (presidentes sucesivos) desencadenaron una represión indiscriminada de la población civil de las regiones con actividad guerrillera, tuvo un saldo final de unos 150,000 muertos, 50,000 desparecidos y más de un millón de desplazados y exiliados. A ello debe sumarse la eliminación de una generación entera de dirigentes políticos y sociales progresistas, la destrucción del tejido social y la militarización de la sociedad.
Pero el uso de la violencia no se limitó a este episodio negro. El siglo XIX fue escenario de distintos conflictos armados (primero entre federales y provincianos, luego entre gobierno nacional y movimientos regionales soberanistas, en fin entre liberales y conservadores).
Los vencedores por las armas se alzaban con el poder, desde el cual llevaban a cabo su proyecto político.
En el siglo XX, esta modalidad violenta de acción política y acceso al poder fue sustituida por otra más expeditiva: El Golpe De Estado.
En los últimos cien años seis gobernantes llegaron al poder por esta vía, siendo el último el general Óscar Mejía Víctores en 1983, mientras que el presidente democráticamente electo Jorge Serrano Elías falló en 1993 en una intentona calcada sobre el autogolpe realizado semanas antes por Alberto Fujimori en el Perú.
Por otra parte, La Represión Ha Sido Una Respuesta Recurrente A La Oposición Política, Y No Solamente Durante El Reciente Conflicto Armado. También ha sido practicada en “Tiempos De Paz”, especialmente durante los prolongados mandatos de los dos principales caudillos de la primera mitad del siglo XX: Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y el general Jorge Ubico (1931-1944).
Si el recurso a la violencia ha operado en momentos determinados, la exclusión de las grandes mayorías de la vida política ha sido una constante durante los primeros ciento treinta años de independencia. Los gobiernos primeros conservadores y luego liberales estipularon condiciones para la adquisición del derecho al voto, que inhabilitaban legalmente a la gran mayoría de los guatemaltecos. La naturaleza de dichas condiciones no deja ninguna duda sobre acerca de su especial dedicatoria a los indígenas, entonces ampliamente mayoritarios en la población del país, aunque también afectaba a los sectores más pobres de la población ladina (mestiza). Es así como para tener derecho a votar, se debía ser propietario de algún bien inmueble, poseer un oficio, título, renta o medio de producción, y ser alfabeto. Todas estas “Cualidades” eran prácticamente inalcanzables para unos pobladores indígenas confinados a actividades agrícolas y de servidumbre, y en consecuencia no gozaban de los derechos del ciudadano.
Esta situación se corrigió fundamentalmente con el establecimiento de la ciudadanía universal en la Constitución de 1945, consecutiva al movimiento revolucionario de octubre de 1944.
Sin embargo, esta universalidad aún comportaba restricciones ya que para los analfabetos y las mujeres (también privadas de este derecho hasta entonces), la emisión del sufragio debía ser pública, lo cual mermaba la libertad de decisión del votante. Por otra parte, para su inscripción en las listas electorales, “los analfabetas estaban sujetos a una calificación de sus capacidades (...) por dos testigos “honorables, ciudadanos y vecinos del lugar” (Taracena, 2004:155). Es finalmente la Constitución de 1965 que otorgó a mujeres y analfabetas el derecho a la inscripción en las listas electorales sin otra condición que la mayoría de edad, y a la emisión secreta del sufragio.
No obstante, esta universalización de la ciudadanía se produce justo antes de un giro autoritario de los gobiernos nacionales. Este nuevo contexto represivo era poco propicio a la libre emisión del sufragio. Además, es cuando interviene de manera más sistemática el fraude electoral como modo de perpetuarse en el poder por parte de las fuerzas más conservadoras.
Al hacer números, tomando en cuenta la vigencia de al menos uno de los tres factores de alteración antes mencionados (Violencia Política, Restricción De La Ciudadanía Y Fraude Electoral), se puede afirmar que de los 189 años de vida independiente de Guatemala, solamente 32 transcurrieron en un marco democrático: Los Diez Del Período Revolucionario (1944-1954) Y Los Últimos Veintiséis (De 1985 A La Fecha).
… Y Una Democracia Débil…
Esta inmadurez no es la mayor de las debilidades de la democracia guatemalteca. En primer lugar, el único de los tres elementos antidemocráticos que ha desaparecido en la etapa actual es El Fraude Electoral[1]. La prueba más contundente de ello es la alternancia en el poder. Ninguno de los cuatro partidos vencedores de las elecciones presidenciales ha logrado la reelección, a pesar de haber utilizado todo tipo de maniobras legales e ilegales (Amenazas, Condicionamiento De Inversión Pública, Uso De Recursos Públicos Para Fines Partidistas…). Gran parte del mérito de esta regularidad electoral recae sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE), autoridad independiente encargada de la organización de los comicios, cuya imparcialidad le ha convertido en una de las instancias públicas de más prestigio entre la población.
En cambio, La Violencia Política Y La Restricción De La Ciudadanía Se Siguen Manifestando, Aunque A Una Escala Mucho Menor. Los Asesinatos Políticos más relevantes sin duda fueron los del líder político centrista Jorge Carpio Nicolle en 1993, de monseñor Juan Gerardi Conedera, obispo y activista pro-derechos humanos, en 1999, los diputados del PARLACEN 2007 y el caso del Licenciado Rodrigo Rosemberg 2009.
La represión estatal se manifiesta también de manera esporádica, como en los casos recientes del “Cilindro De Sololá” (que comentaremos más adelante) o del desalojo violento de la finca Nueva Linda, que se saldó con seis campesinos y tres policías muertos en agosto de 2004.
En cuanto al acceso a la ciudadanía, desaparecida la restricción legal, se mantiene la económica. Darse de alta en el padrón electoral requiere de entre dos y cuatro visitas al Registro de Ciudadanos. Este trámite, al igual que la emisión del sufragio, sólo se ha podido realizar hasta la fecha en las cabeceras (capitales) municipales. La población guatemalteca se distribuye en más de 7000 poblados, pero solamente existen 332 municipios, con una sola cabecera y numerosas comunidades rurales, algunas muy distantes.
Para los guatemaltecos rurales (más del 60% de la población), la participación en la vida electoral implica una inversión de tiempo y dinero que no todos están en la posibilidad o en la disposición de hacer. De allí una sub-inscripción notoria en las listas electorales. La población indígena es la más afectada por este fenómeno, al ser al mismo tiempo la más rural y la más pobre.
En 2003, en los cinco departamentos más indígenas del país (de un total de veintidós), el 27% de las personas en edad de votar no estaba empadronado. El promedio nacional de no inscripción se reducía a la mitad (un 15%), pero seguía elevado.
Por si fuera poco, tras la participación record de las elecciones constituyentes de 1984 y generales de 1985, que permitieron el cambio histórico de régimen, el rápido desencanto por una democracia de la que muchos esperaban “todo y ya” se tradujo en un incremento tan notorio como rápido del abstencionismo. De esta cuenta, Álvaro Arzú logró en 1995 la Presidencia de la República con el apoyo de apenas el 13,9% de los guatemaltecos en edad de votar. La participación empezó a remontar en 1999, pero hasta la fecha no ha recuperado el nivel alcanzado durante las elecciones de la transición democrática.
Tanto la alternancia sistemática en el poder como el desencanto por la democracia tienen que ver con las características del sistema político actual.
En primer lugar, se trata de un sistema altamente fragmentado e inestable. “Entre 1985 y 2003, no menos de 59 partidos y 12 coaliciones o alianzas políticas participaron en alguno de los comicios, sin contar los cientos de comités cívicos que han presentado candidatos independientes a nivel municipal.”(Mack y Sonnleitner, 2006:66).
En segundo lugar, los partidos tienen escasa o nula capacidad (e incluso finalidad en muchos casos) de representación de intereses colectivos. Suelen ser creados por y para su candidato presidencial, en defensa de intereses particulares. Los principales acoplan dichos intereses a los de algún segmento de la sociedad (Oligarquía Tradicional Para El PAN En 1995 Y La GANA En 2003, Nuevo Capitalismo Pujante Para El FRG En 1999 Y La UNE En 2003), en la medida en que éste le apoya financieramente. Y Es Que Una De Las Mayores Debilidades De La Legislación Electoral Guatemalteca Radica En La Financiación De Los Partidos. Por una parte, no existe ningún control ni límite a los ingresos y gastos de las fuerzas políticas. Por otra parte, la financiación pública de dichas fuerzas es absolutamente simbólica.
Estas circunstancias vuelven muy complicada la participación de actores que defiendan los intereses de los más desfavorecidos, que son mayoría en Guatemala.
La combinación del subdesarrollo y de este modo de financiación de los partidos, hace que la crisis de representatividad, que afecta a la mayoría de las democracias occidentales del mundo, sea mucho más aguda en Guatemala.
… Pero Una Democracia Vanguardista.
Los Acuerdos de Paz, negociados entre 1987 y 1996 por los gobiernos guatemaltecos de turno y la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) bajo los auspicios de la ONU, Contemplan Una Reforma De La Legislación Electoral Que Incluya La Regularización De La Financiación De Los Partidos. Sin embargo, las fuerzas políticas conservadores, que en todo este tiempo han sido mayoría en el organismo ejecutivo, han impedido tan siquiera la discusión de toda iniciativa en este sentido.
Quizás previniendo este bloqueo, agrupaciones sociales agrupadas en la Asamblea de la Sociedad Civil lograron forzar la introducción en los Acuerdos de medidas que van más allá de la simple reforma del sistema representativo.
En efecto, las partes terminaron acordando que “Para profundizar en una democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico y social debe ser democratizado y participativo y abarcar:
(A) La Concertación Y El Diálogo, Entre Los Agentes Del Desarrollo Socioeconómico,
(B) La Concertación Entre Estos Agentes Y Las Instancias Del Estado En La Formulación Y Aplicación De Las Estrategias Y Acciones De Desarrollo, Y
(C) La Participación Efectiva De Los Ciudadanos En La Identificación, Priorización Y Solución De Sus Necesidades”.
Lo anterior postula de manera inequívoca la necesidad de introducir en el funcionamiento del Estado guatemalteco mecanismos de democracia participativa.
La puesta en práctica de estos cambios requería de reformas legales, que finalmente se materializaron en gran medida en el año 2002 con la aprobación de las llamadas «Leyes De Descentralización». La más genérica y menos operativa de éstas, la Ley General de Descentralización (Decreto 14-2002) hace una referencia explícita a la necesaria implementación de elementos de democracia participativa, al definir la participación ciudadana como “el proceso por medio del cual una comunidad organizada (...) participa en la planificación, ejecución, y control integral de las gestiones del gobierno nacional, departamental y municipal para facilitar el proceso de descentralización”. (art.17)
Por su parte, la nueva Ley de los Consejos de Desarrollo (Decreto 11-2002) mejora sensiblemente las posibilidades concretas de ejercicio de esta participación. Por un lado, crea Los Consejos Comunitarios De Desarrollo. Estos COCODE’s constituyen el primer espacio de participación ciudadana, abierto a cualquier habitante de cualquier comunidad del país (art.4).
En las numerosas comunidades en las que seguía funcionando de facto la asamblea comunitaria (especialmente en las regiones de población maya), esta reforma se traduce por el otorgamiento a esta forma tradicional de organización de la personalidad jurídica y de un vínculo formal con el Estado. En otros muchos poblados desarticulados por la guerra o por otros motivos (conflictos religiosos, aculturación de nuevas generaciones, migraciones…), la nueva ley fuerza a una reorganización de la comunidad en el marco del COCODE.
Por otro lado, la nueva ley amplía el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural. En la versión anterior (de 1987), éste coincidía con el Concejo Municipal y por tanto no tenía actividad propia. Ahora, el COMUDE se vuelve un órgano extenso con su propia agenda de trabajo, en el que se suman a los cargos ediles tres tipos de integrantes:
Los delegados de las administraciones públicas activas en el municipio (cuya participación es obligatoria), representantes de las organizaciones privadas y no gubernamentales locales, en fin representantes designados directamente por las subdivisiones internas de la jurisdicción municipal (barrios urbanos o comunidades rurales, con un número máximo de 20 representantes) (art. 11). Esta nueva ley no sólo transforma la estructura del Sistema de Consejos de Desarrollo, que antes se limitaba a los niveles departamentales, regionales y nacionales, con escasa actividad, más escasa aún participación de las organizaciones sociales, y presencia nula de la ciudadanía. Modifica también su finalidad. Ahora este Sistema se vuelve “El Medio Principal De Participación De La Población Maya, Xinca Y Garífuna Y La No Indígena, En La Gestión Pública Para Llevar A Cabo El Proceso De Planificación Democrática Del Desarrollo” (art.1º).
Esta nueva concepción hace claramente énfasis en la participación ciudadana, mientras que la de la ley pasada se refería principalmente a aspectos de coordinación interna del sector público (hablaba de “organizar y coordinar la administración pública”).
Finalmente, la Ley de Consejos de Desarrollo de 2002 plantea la reversión del tradicional centralismo del Estado guatemalteco. Establece claramente que es del nivel local que deben partir las iniciativas y orientaciones del desarrollo. Consejos Departamentales deben “Formular Las Políticas, Planes, Programas Y Proyectos De Desarrollo Del Departamento, Tomando En Cuenta Los Planes De Desarrollo De Los Municipios”, así como “Proponer Al Consejo Regional De Desarrollo Urbano Y Rural La Distribución Del Monto Máximo De Recursos De Preinversión E Inversión Pública (…) Con Base En Las Propuestas De Los Consejos Municipales De Desarrollo” (art.10, literales d y g.). Esta normativa implica una casi-obligación legal de los Consejos Departamentales de respetar las propuestas de los municipios y apoyar su ejecución. Esta Ley de Consejos de Desarrollo es considerada una de las más avanzadas del continente americano en materia de participación ciudadana.
Teóricamente permite al conjunto de la sociedad intervenir en todos los pasos de la gestión pública: El Análisis Y Discusión De Asuntos Públicos (participación “consultiva” o “asesora”); la toma de decisión (participación “resolutiva”); la puesta en práctica de estas decisiones (participación “ejecutora”); En Fin La Auditoría Del Desempeño De Las Autoridades Políticas Y Los Funcionarios, Incluyendo El Cumplimiento De Las Decisiones Participativas (Participación “Fiscalizadora”).
La reforma del Sistema de Consejos de Desarrollo, y particularmente su ampliación a nivel municipal y su creación a nivel comunitario, tiene algo de revolucionario en un Estado como el guatemalteco. Obliga a una transparencia de la administración pública que contrasta radicalmente con el secretismo previo. Dificulta un clientelismo profundamente enraizado y fomenta el trato equitativo. Descentraliza las decisiones, antes monopolio de la cúpula gubernamental.
En fin, fuerza a la negociación y al diálogo entre actores políticos, económicos y sociales, para sustituir la imposición y represión que caracterizaron los gobiernos militares y los años de guerra.
Los Consejos Departamentales y Regionales son también órganos colegiados mixtos, aunque no cuentan con la participación ciudadana presente en los COCODE’s Y COMUDE’s. Los Integran Responsables De Entidades Estatales, Alcaldes Municipales, Representantes De Partidos Políticos Y Algunos Representantes De Sectores Sociales Y Gremios Económicos.
2. LAS MUNICIPALIDADES COMO VALUARTE DEL DESARROLLO PARTICIPATIVO DE GUATEMALA:
El hecho de que la tercera de las leyes de descentralización sea el Código Municipal (Decreto 12-2002), es revelador del papel central otorgado a las municipalidades en este proceso simultáneo de desarrollo y democratización del país. En primer lugar, el Código Municipal de 2002 ya no define al municipio solamente como “la unidad básica de la organización territorial del Estado”, como lo hacía en términos muy similares su antecesor de 1988. Ahora El Municipio Es También El “Espacio Inmediato De Participación Ciudadana En Los Asuntos Públicos” (artículo 2).
Además, el nuevo código estipula que “La Municipalidad Está Obligada A Formular Y Ejecutar Planes De Ordenamiento Territorial Y De Desarrollo Integral De Su Municipio” (artículo 141). Y prácticamente obliga al Concejo Municipal a dar participación a la población en este trabajo, al incluir en sus competencias generales “La Convocatoria A Los Distintos Sectores De La Sociedad Del Municipio Para La Formulación E Institucionalización De Las Políticas Públicas Municipales Y De Los Planes De Desarrollo Urbano Y Rural Del Municipio, Identificando Y Priorizando Las Necesidades Comunitarias Y Propuestas De Solución A Los Problemas Locales” (artículo 35, literal c.). Con ello, este código y la Ley de Consejos de Desarrollo se complementan para establecer en Guatemala un nuevo modo de Administración Pública: La Planificación Participativa Del Desarrollo.
Superar Viejos Lastres…
La autonomía municipal, que faculta a los municipios para elegir democráticamente a sus propias autoridades para que administren los bienes municipales y ejerzan el gobierno local, fue instaurada en Guatemala por la Constitución de 1945. Sin Embargo, Es Solamente A Partir De La Transición Democrática De 1985 Cuando Se Puede Observar Cierta Autonomía.
En los cuarenta años precedentes la capacidad de acción había sido simbólica, debido a la escandalosa escasez de recursos de las municipalidades. Y a partir del golpe de Estado de 1954 y hasta 1985, a esta escasez de las finanzas municipales se sumó la subordinación de las autoridades civiles a las militares.
La Constitución De 1985 Da Un Paso Fundamental Hacia Una Autonomía Municipal Real Al Crear El Situado Constitucional. Esta Normativa Estipula Que El 8% Del Presupuesto General De La Nación (El 10% Desde 1993), Es Distribuido Automáticamente Por El Gobierno Central A Las Municipalidades, En Base A Criterios Demográficos, Territoriales Y Económicos.
Al situado constitucional se le han sumado otras transferencias financieras a finales de los años noventa. Estos nuevos ingresos han producido un incremento considerable de las finanzas ediles en las últimas dos décadas.
Otro factor de fortalecimiento de las entidades ediles ha sido el apoyo internacional. Sobre la base de su nuevo mandato democratizador y desarrollista, estipulado en los Acuerdos de Paz, en el quinquenio 1997-2001 distintas agencias de cooperación y ONG’s tomaron a las municipalidades como contrapartes privilegiadas de sus proyectos. Sin Duda, Los Proyectos De Fortalecimiento Municipal, Descentralización O Poder Local, Favorecieron Un Reforzamiento De Las Municipalidades Que Les Permitió Adquirir Un Papel Más Protagónico En Sus Jurisdicciones.
De hecho, tomando en cuenta tanto la magnitud de las nuevas funciones de las comunas como su situación precaria, se había incluido en los mismos Acuerdos de Paz el compromiso del Gobierno nacional de “propiciar la participación social en el marco de la autonomía municipal profundizando el proceso de descentralización hacia los gobiernos municipales, con el consiguiente reforzamiento de sus recursos técnicos, administrativos y financieros”.
Sin embargo, con excepción de las insuficientes reformas fiscales arriba mencionadas, la ausencia de apoyo a las autoridades locales por parte de las nacionales en el marco de la democratización y descentralización del Estado, debía convertirse en uno de los muchos incumplimientos de los compromisos firmados. Prueba de ello, Las Leyes De Descentralización Fueron Aprobadas A Regañadientes Por Un Congreso De La República Presionado Por La Comunidad Internacional. Y entran en vigencia mucho después de lo establecido en el cronograma de implementación de los Acuerdos de Paz, precisamente en un momento en el que la Cooperación Internacional comienza a disminuir. Y cuando el proceso de fortalecimiento institucional de las autoridades locales no ha hecho más que empezar. Pues Las Municipalidades Guatemaltecas Siguen Siendo Entidades Débiles. Aun habiendo mejorado, su situación financiero no es envidiable. La fiscalidad local se mantiene ínfima en la mayoría de comunas, donde se conjugan pobreza y ausencia de cultura tributaria. Ello explica que en 2003, en el 72% de las municipalidades guatemaltecas la recaudación propia no alcanzó el 20% de los ingresos municipales totales y en la actualidad se encuentren sumidas en una deuda 2,357 millardos de quetzales al 2009.
Los fondos provenientes del Gobierno Central constituyen por tanto la principal fuente de ingresos de las municipalidades. Sin embargo, se trata de transferencias de un Estado también pobre. Pues la carga tributaria guatemalteca, si bien ha crecido del 7,6% en 1998 al 10,5% en 2003, sigue siendo la segunda más baja de América, por debajo de la meta incluida en los Acuerdos de Paz (fijada en un 12% para el año 2000) y del promedio latinoamericano (un 16%).
En consecuencia, en el 2003, para el cumplimiento de sus numerosas competencias, las municipalidades guatemaltecas contaban con un promedio de 3 euros por habitante y por mes. Estos recursos son claramente insuficientes para compensar el histórico déficit de infraestructura y servicios que padece la mayoría de la población guatemalteca. De allí que las municipalidades deben constantemente negociar con el Gobierno Central co-financiaciones, principalmente a través de los fondos sociales, que se han caracterizado hasta la fecha por niveles elevados de clientelismo y corrupción.
… Y Afrontar Nuevos Retos.
Con las reformas de 2002 a las municipalidades les corresponde hacer frente con estos pocos recursos a nuevos y complicados retos. Uno es la descentralización del Estado. Observamos que los procesos de descentralización recientes que hayan tenido cierto grado de éxito, han ocurrido en un contexto de amplia cobertura de los servicios públicos básicos.
En Guatemala, la desatención por el Estado de las necesidades básicas de la población ha sido una constante. Por tanto, para las municipalidades y, en menor medida, para otras instituciones públicas, La Descentralización Implica Heredar, Más Que Las Competencias Del Estado, Sus Incompetencias.
Resulta entonces obvio que las municipalidades no podrán asumir lo que nunca cumplió el Estado, si no se da una profunda reforma de la fiscalidad en Guatemala. Sin embargo, esta reforma no está en la agenda de los organismos Ejecutivo y Legislativo.
En Cuanto Al Reto De La Democratización, descansa en gran medida en la implementación del sistema de Consejos de Desarrollo en la jurisdicción municipal. Ya hemos visto antes que la institucionalización de la participación ciudadana en los asuntos públicos, implica un cambio radical de prácticas políticas. Y este cambio resulta costoso incluso para sus propios partidarios, quienes en su mayoría se han formado en un sistema político marcado por el autoritarismo y la corrupción.
En resumidas cuentas, a pesar de haber iniciado un proceso de fortalecimiento institucional, A Principios Del Siglo XXI Las Municipalidades Guatemaltecas Seguían Incapaces De Cumplir Satisfactoriamente Sus Competencias Tradicionales. Pero Paralelamente, Estas Entidades Débiles Se Veían Asignadas Nuevas Funciones De Gran Relevancia Para El Futuro Del País. Esta contradicción es sin duda una de las mayores flaquezas (si no la mayor) de la reforma de Estado encaminada a la búsqueda del “Desarrollo Participativo”.
“La Iniciativa Viene Del Nivel Local.”
Como queriendo cumplir este precepto de la nueva Ley de Consejos, y a pesar de las limitaciones institucionales arriba descritas, algunas municipalidades decidieron emprender el camino hacia esta nueva forma de gestión pública. Las más precursoras no esperaron las nuevas leyes de 2002 y empezaron los cambios basándose en los solos Acuerdos de Paz, demostrando así más interés por su cumplimiento que sus propios signatarios. Mención aparte merecen Nebaj, Ixcán y Uspantán, los tres más afectados por el conflicto armado interno, que crearon sus Consejos Municipales de Desarrollo ya en 1995 (los dos primeros) y en 1998 (el tercero). La tarea central de estos foros consistió en la formulación de Planes de Desarrollo Municipales, para posteriormente obrar por su cumplimiento y ejecución. Éstos y la casi totalidad de los municipios que podríamos denominar “participativos”, Contaron Con El Respaldo De La Cooperación Internacional. Estos apoyos se destinaron en su mayoría a genuinas iniciativas locales de apertura democrática, que respondían a la voluntad de buena parte de la población de ser por fin partícipe del Estado y de su propio desarrollo. Aportaron a la vez recursos materiales y capacidad técnica, que junto con las voluntades locales arriba mencionada (la política y la popular) Hicieron Viables Los Procesos De Democratización Y De Planificación Participativa Del Desarrollo.
En muchos lugares fue impactante el nivel de participación popular en las actividades programadas. Curiosamente estas ganas de participar contrastaron en muchos casos con el escaso ejercicio de la incidencia política por parte de muchos asistentes, sea por falta real de conocimientos o por desconfiar de su propia capacidad propositiva. Incluso el miedo a opinar, básicamente por falta de costumbre a hacerlo y menos aún en espacios públicos, fue reiterativo en grupos de población específicos como las mujeres y los ex-colonos de latifundios recientemente desvinculados de sus antiguos patronos.
En cuanto a la apertura política, ésta sufrió altibajos, e incluso se truncó en algunos lugares por decisión de la autoridad local. Pero es de resaltar el valor de los políticos locales que emprendieron este camino desconocido y que siguen en él, a sabiendas de que implicaba abrir también espacios para la crítica destructiva, en una sociedad acostumbrada. Se puede mencionar entre las instancias precursoras a la ONG italiana Movimondo y las cooperaciones oficiales neerlandesa, alemana y española. A recurrir al conflicto y a la violencia para solventar diferendos. En cambio, el compromiso del Gobierno central para con estos procesos fue mínimo, antes pero también después de la aprobación de las Leyes de Descentralización de 2002. No hubo un planteamiento institucional de apoyo a estas experiencias. Por lo que la implicación de los funcionarios fue función de su convicción y compromiso personal, que por lo general fue nulo o bajo, aunque hubo excepciones notables.
Los productos de las distintas experiencias de planificación participativa muestran variaciones según los recursos disponibles, entidades cooperantes, preferencias locales y metodología empleada, en cuanto a nivel de detalle, estructura interna, tiempo abarcado (entre cuatro y diez años) y nivel de participación (población total o representantes). Tienen en común su “integralidad”, ya que intentan abarcar la totalidad de las problemáticas de desarrollo del lugar, ordenándolas en distintas áreas o componentes (sociales, económico-productivo, organizativo, etc.…). Estos Planes de Desarrollo Integral pueden no satisfacer los requisitos técnicos de planificadores de escritorio, debido a que algunas herramientas se simplificaron para volverlas manejables por personas con escasa instrucción general. Pero su utilidad es innegable, pues marcan el norte que siempre ha faltado a una administración pública improvisadora y cortoplacista. Y en los municipios que siguen concienzudamente su dinámica participativa en la fase actual de ejecución de los planes, el porcentaje de la inversión pública que se realiza en base a éstos suele superar ampliamente el que se observó en los mejores años de la experiencia de referencia en la materia: los presupuestos participativos de Porto Alegre. Este único hecho demuestra dos cosas: UNO, que estas experiencias ameritan estudios profundizados que vayan mucho más allá del alcance de este texto; y DOS, que, con todos los defectos que dichos estudios puedan detectar, es difícil dudar del carácter democrático y descentralizador de dichas experiencias.
La inversión incluida en los presupuestos participativos de la ciudad brasileña alcanzó su nivel máximo en 1992, cuando representó el 17% de la inversión nueva de la comuna. Los Planes Operativos Anuales de algunos COMUDE’s guatemaltecos superan el 60% de la inversión total de sus municipalidades (que sin embargo cuentan con mucho menos recursos que sus homólogas brasileñas). Podemos por consiguiente hablar de una dinámica creciente de desarrollo proveniente de abajo, de lo local, de la provincia o del “interior”, como se le denomina en Guatemala. Pero en paralelo se está dando otra dinámica proveniente del “exterior”, del extranjero: La Que Genera La Globalización.
3. LA OTRA DINÁMICA DESARROLLISTA: LA GLOBALIZACIÓN
NEOLIBERAL:
El calificativo “neoliberal” no es un pleonasmo. Pues la globalización, que no es un fenómeno nuevo (el descubrimiento de América fue probablemente el mayor acontecimiento de la historia de la globalización), se asienta en su fase actual sobre los avances tecnológicos en materia de transporte y telecomunicaciones. Este factor conlleva dos consecuencias: PRIMERO, la globalización no se limita a lo económico. SEGUNDO, no tiene en sí ideología política.
Sin embargo, no cabe duda de que la tendencia hegemónica de la globalización ha sido en los últimos años de corte neoliberal. Las grandes empresas transnacionales han sido las que mejor han sabido sacar provecho de las innovaciones tecnológicas y en consecuencia, “Lo Único Que Está Realmente Globalizado Es El Mercado”. Esta globalización neoliberal ha privilegiado los intereses privados y particulares por sobre los públicos y colectivos, favoreciendo la aparición de nuevos imperios, de tipo ya no político, sino económico. Es así como, desde el 2000, más de la mitad de las cien entidades económicas más grandes del planeta son corporaciones empresariales. Una década antes, eran en su gran mayoría Estados nacionales. Entre estas cien entidades no figura ningún Estado centroamericano, pero sí muchas transnacionales que operan en la región (Exxon Mobil, Wal-Mart, Toyota, Sony, Nestlé, Royal Dutch/Shell, etc.).
La presencia de trasnacionales en Guatemala y más allá la integración del país a la economía mundial están destinadas a incrementarse, principalmente a raíz de la implementación del Plan Puebla Panamá –PPP- y del Tratado de Libre Comercio entre América Central, República Dominicana y los Estados Unidos de Norteamérica (conocido por sus siglas en inglés: DR-CAFTA)
Esta apertura favorece la llegada al país de empresas interesadas algunas en producir a bajo costo para la exportación, otras en apropiarse de mercados locales y nacionales (entre los cuales figura el de los servicios públicos).
Muchas Diferencias Iniciales…
Las dos dinámicas de desarrollo antes mencionadas, La Local Participativa Y La Global Neoliberal, albergan una serie de diferencias tanto conceptuales como operativas que cuando menos dificultan su compatibilidad. Antes de reflexionar sobre ello, debemos indicar en el caso de Guatemala una gran contradicción de orden legal: en el marco de las negociaciones tanto del PPP como del DR-CAFTA, no se realizó ninguna consulta a las autoridades ediles. Ello Cuando Ambos Acuerdos Abarcan Campos En Los Que Las Municipalidades Tienen Claras Competencias, Como El Fomento Del Desarrollo Social Y Económico Y El Cuidado De Los Recursos Naturales.
Esta ausencia tiene como fruto una clara duplicidad de legislación: por un lado, las municipalidades constituyen legalmente el principal pilar del proceso de descentralización y del Sistema de Consejos de Desarrollo, cuyo objetivo es “Organizar Y Coordinar La Administración Pública Mediante La Formulación De Políticas De Desarrollo” (artículo 3 de la Ley de Consejos). Por otro lado, se toman decisiones políticas de gran incidencia sobre el modelo de desarrollo del país sin tener en cuenta a las municipalidades. Esta contradicción fundacional da pie a la imposibilidad de resolución de ciertos diferendos por la vía legal, y por tanto abre la puerta a otras formas no-convencionales de resolución, basadas en la relación de fuerzas entre los actores en conflictos.
El PPP fue lanzado en junio de 2001 por el presidente mexicano Vicente Fox, del neoliberal Partido de Acción Nacional, para “Fortalecer La Integración Regional E Impulsar Los Proyectos De Desarrollo Social Y Económico En Los Estados Del Sur Y Suroeste De México [9 Estados] Y El Istmo Centroamericano [7 Países]”. Incluye proyectos con riesgos de alto impacto ambiental (electrificación y vías terrestres de comunicación). El DR-CAFTA ha sido firmado en agosto de 2004. Su entrada en vigencia ha sido retrasada varias veces por la necesidad de adaptar las legislaciones nacionales a su contenido. El primer en ratificarlo fue El Salvador, donde está vigente desde marzo de 2006, y aún sigue pendiente su vigencia con Costa Rica, que se rehúsa a abrir el mercado de la electricidad y las telecomunicaciones (monopolio estatal). El tratado está vigente en Guatemala desde el 1 de julio de 2006. En los últimos tiempos ya se han producido situaciones de esta naturaleza, como lo describiremos más adelante. Y las muchas y marcadas diferencias entre las dos corrientes, aunadas al aumento de la presencia de trasnacionales en el país, pueden fácilmente llevar a la multiplicación de estos conflictos.
Ya hemos mencionado una de estas diferencias: Las Iniciativas De Desarrollo Basadas En El Sistema Participativo De Los Consejos De Desarrollo Vienen De Abajo (De La Población), De Lo Local (De La Comunidad O El Municipio) Y Del Interior De La República (De La Provincia). En cambio, Las Iniciativas Provenientes Del Proceso Globalizador Neoliberal Viene Del Exterior (De Fuera Del País) Y De Arriba, En El Sentido De Que Son Promovidas Por Instancias Más Sólidas Y Poderosas Que El Propio Estado Guatemalteco (Gobiernos Estadounidense O Europeos, Trasnacionales, Organismos Financieros Y Toda Combinación De Dichos Organismos). Una consecuencia de estos orígenes distintos es que mientras las primeras iniciativas surgen de un ejercicio concreto y directo de soberanía por parte del pueblo guatemalteco, las segundas carecen de toda legitimidad democrática. Por otra parte, las concepciones del desarrollo son distintas. La globalización neoliberal postula el crecimiento económico como motor para alcanzar un bienestar de las personas centrado en la cobertura de sus necesidades materiales. Un solo dato basta para ilustrar esta visión: el 98% de los fondos que se prevé invertir en el marco del Plan Puebla Panamá debe destinarse a infraestructuras. Dicho en términos económicos, el capital físico absorbe la casi totalidad de los fondos, mientras que el capital humano no es atendido en el marco de este acuerdo multilateral. En cambio, los Acuerdos de Paz y la legislación guatemalteca de 2002 privilegian la búsqueda de un modelo de desarrollo humano e integral. Y la casi totalidad de las experiencias concretas de planificación participativa del desarrollo han aplicado este enfoque. El capital humano está en el centro de los planes formulados, con sus necesidades materiales pero también sociales, culturales, intelectuales e incluso espirituales.
Otra diferencia radica en los fines de los protagonistas de cada corriente. La finalidad de toda trasnacional es claramente su propio crecimiento, mediante la expansión de sus empresas y el aumento su capital. Son intereses claramente corporativos y privados. En cambio, los procesos de desarrollo participativo local tienen por fin la promoción y defensa del bien común. La experiencia de otros países demuestra que estos intereses (los empresariales y los públicos) no sólo son distintos, sino que pueden ser antagónicos. En Inglaterra, con el fin de incrementar sus beneficios, las empresas prestatarias del transporte ferroviario (privatizado en los años ochenta) llegaron a operar con recursos insuficientes para garantizar un buen servicio e incluso la seguridad de los usuarios. Más cerca de Guatemala, las divergencias de vistas entre Aguas del Illimani, filial boliviana de la trasnacional francesa Suez, y la población de El Alto (área metropolitana de La Paz), ha desencadenado la llamada “guerra del agua II”. Este conflicto abierto duró más de 2 años y se saldó por la rescisión del contrato de concesión del servicio de agua a Suez, a principios de este año 2007.
El concepto de “Bien Común” es en sí amplio y vago. Y en una sociedad tan desigual y diversa como la guatemalteca, las concepciones del mismo difieren mucho de un grupo a otro. Sin embargo, los procesos participativos favorecen la combinación de estas concepciones y más concretamente de los intereses de distintos colectivos (gremiales, sectoriales, étnicos u otros), por vía del diálogo. En estos procedimientos radica otra diferencia fundamental entre las dos dinámicas presentes: los planes de desarrollo local son fruto de la negociación constante en espacios públicos y de la búsqueda de acuerdos entre visiones distintas e incluso opuestas. En cambio, los planes de desarrollo corporativo se elaboran en petit comité, para ser ejecutados tal cual tras su “venta” a los interlocutores necesarios o inevitables en el lugar elegido para su realización.
Finalmente cabe señalar que, a las diferencias antes señaladas, se suma otra de tipo conceptual en el caso de los guatemaltecos de origen precolombino, que representan la mitad de la población nacional. La mayor parte de este grupo humano sigue aceptando una concepción maya de la prosperidad, que postula que no es correcto acumular más de lo necesario para el bienestar de la familia, sobre todo si es a costas de la naturaleza. Aun cuando “lo necesario” sea un concepto vago y sujeto a evoluciones, es evidente que esta visión tradicional choca frontalmente con a concepción neoliberal basada en el mayor beneficio económico posible.
… Que Auguran Unas Relaciones Complejas…
Tantas diferencias de partida dejan entrever que las relaciones entre los motores de cada dinámica no serán sencillas, y que se requerirá de mucha negociación para llegar a entendimientos. No obstante, a la hora de defender sus planteamientos, las debilidades de las municipalidades, “embajadoras” del modelo de desarrollo participativo, les impiden negociar en igualdad de condiciones con las trasnacionales, “embajadoras” del modelo globalizador.
Mientras las carencias financieras agobian a las comunas, el capital de los grandes grupos les permite hacer inversiones a largo plazo e incluso operar con pérdidas durante años. La estabilidad de la dirigencia constituye otra ventaja de las empresas: sus directivos y accionistas mayoritarios son prácticamente inamovibles, mientras que un gobierno municipal debe someterse a la aprobación popular cada cuatro años. Y cada relevo de mando conlleva cambios de estrategias y pérdida de información. En fin, la preparación académica de los ejecutivos de grandes empresas privadas en los campos técnico, jurídico y financiero, contrasta con la escasa profesionalización de los funcionarios municipales.
Otra desventaja radica en los niveles de riesgo y de dependencia que asume cada parte en la negociación: generalmente es mínimo para la empresa, pero alto para la municipalidad. En efecto, mientras las trasnacionales tienen muchas veces soluciones de recambio en cuanto a lugar y recursos para la realización de sus proyectos, las autoridades locales apuestan sus propios recursos naturales, generalmente escasos e insustituibles, y el bienestar de sus conciudadanos, en su mayoría urgidos de ingresos y servicios en un país en vías de desarrollo como Guatemala.
Finalmente, la arbitrariedad de las autoridades nacionales de Guatemala juega también en contra de los intereses locales. Sea por alianzas estratégicas entre las empresas extranjeras y la oligarquía nacional (presidentes Arzú y Berger), por corrupción (presidente Portillo) o por presiones de los países de origen de las trasnacionales, en la década pasada los gobiernos centrales han defendido casi sistemáticamente la postura de éstas. Todas esas desventajas conllevan un elevado riesgo de que los acuerdos entre municipalidades y transnacionales respondan más a los intereses particulares de las segundas, que al interés común por el que deben obrar los primeros.
Pero aún cuando las condiciones previas les son favorables, las primeras trasnacionales en haberse inmiscuido en las dinámicas locales de desarrollo han rehuido de la negociación con las autoridades locales. Son principalmente las empresas que se beneficiaron de la privatización o concesión de servicios públicos durante el gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000). El caso de las empresas telefónicas es el más común: no suelen pedir licencia municipal para instalar sus teléfonos públicos y sus antenas repetidoras en el territorio de la comuna. Tampoco se preocupan por pagar los impuestos correspondientes a dichas actividades, generalmente insignificantes para ellas empresas pero de gran utilidad para el magro erario municipal. A menos que se les amenace con desalojar sus instalaciones (aunque algunas, como la privatizada TELGUA, ahora filial del gigante mexicano TELMEX, ni siquiera se inmutan ante esta advertencia).
Cuando se molestan en acercarse a las municipalidades, es principalmente para pedir exoneraciones fiscales u otros privilegios. Para lograr su fin usan distintas estrategias: la amenaza sutil (San Andrés Semetabaj, 2002: una empresa telefónica explicó al alcalde que si no le exoneraba de impuestos municipales, tendría que instalar su antena repetidora en otro lugar... dejando así a este pequeña comuna rural sin servicio telefónico), el engaño (Cobán, 2006: una petrolera pidió autorización para explotar pozos abandonados hace años, aduciendo que emitían gases muy peligrosos para la población que sólo ella puede controlar), seducción (“sólo venimos a dejar desarrollo y bienestar social para su municipio”) e inclusión corrupción. Algunas autoridades locales se dejan “convencer” por los “argumentos” de estos nuevos interlocutores (lo hicieron las de San Andrés), otras pocas los rechazan de plano (las de Cobán), en fin otras entablan negociaciones para llegar a acuerdos que satisfagan a las dos partes (ello a pesar de las desventajas iniciales antes mencionadas).
En todo caso, en las primeras relaciones entre transnacionales y municipalidades ha prevalecido la falta de respeto de las primeras hacia las prerrogativas de las segundas. Esta realidad y las ya mencionadas diferencias conceptuales en cuanto a modelo de desarrollo, han estado al origen de las primeras crisis consecutivas a la coincidencia de ambas dinámicas en un mismo ámbito geográfico.
… Y Ya Han Provocado Encontronazos.
En junio de 2005, el municipio de Río Hondo (mestizo, centro este del país), rechazó de manera aplastante en una consulta popular la construcción de una represa hidroeléctrica en un área protegida de su jurisdicción. Los habitantes de Sipacapa (maya, oeste) hacían lo propio en contra de un proyecto de explotación minera. Sin embargo, el Gobierno Central ya había autorizado estas actividades a dos transnacionales. Éstos son claros ejemplos de las incompatibilidades que puedan surgir en el marco de la duplicidad legal antes mencionada, entre políticas públicas locales (basadas en la voluntad popular) y nacionales (en este caso pactada con empresas extranjeras). Las dos empresas emprendieron acciones legales para invalidar estos referéndums locales, pero su legalidad fue confirmada por la Corte de Constitucionalidad en abril de 2006. El proyecto de hidroeléctrica se ha paralizado hasta la fecha, aunque sus promotores siguen cabildeando ante los líderes sociales locales. En cambio, la explotación minera se está llevando a cabo, basándose en las autorizaciones otorgadas por las autoridades nacionales antes de la consulta popular y violando así el resultado de un ejercicio democrático reconocido por la más alta autoridad judicial del país.
Otro conflicto giró en torno a un cilindro para minería, que provocó disturbios en Sololá a finales de 2004 y principios de 2005. Por el excesivo tamaño del tubo, la empresa solicitó a la municipalidad sololateca que desmontara una pasarela peatonal ubicada en la carretera interamericana, ofreciendo hacerse cargo del costo de la operación. Sin embargo, ocultó la utilidad real del cilindro aduciendo que serviría para construir un puente. Puede que la empresa haya manejado el asunto de esta manera para conseguir que la operación le saliera más barata, al presentar el material como parte de un proyecto social y no de una actividad comercial. También pudo ser por temor a un rechazo de las autoridades o la población sololatecas, al ser la minería una actividad muy polémica en el país. El hecho es que tal rechazo ocurrió, probablemente agudizado por el descubrimiento del engaño.
Otro caso relativamente sonado es el de Ixcán, municipio fronterizo con México. Su electrificación mediante un proyecto incluido en el Plan Puebla Panamá avanza a marcha forzada, en contra de la voluntad de numerosas comunidades. Aquí también los intereses locales cuentan con un fundamento oficial, ya que este rechazo de la electrificación forzosa consta en el Plan de Desarrollo Integral del Municipio 2003-2012. En el marco de este conflicto, que sigue abierto, se han dado manifestaciones, amenazas y enfrentamientos verbales y físicos.
En todos estos casos, se evidencia el desencuentro entre modelos de desarrollo, entre visiones del bienestar y concepciones de la vida tan alejadas unas de otras, que difícilmente puedan compaginarse. Y con el aumento previsto de grandes proyectos[2] que no coincidan con dinámicas y concepciones locales del desarrollo, podría darse un incremento del número de diferendos del tipo de los arriba mencionados. Por consiguiente, en las circunstancias actuales la globalización neoliberal constituye más una competencia que un factor coadyuvante, para los procesos de desarrollo participativo iniciados a raíz de los Acuerdos de Paz. Pues los poderosos actores externos disponen de capacidad suficiente para obstaculizar iniciativas de desarrollo local que, aún siendo democráticas y sostenibles, no sean compatibles con sus intereses corporativos.
4. PISTAS PARA SEGUIR AVANZANDO POR UN CAMINO PROPIO:
La constatación precedente nos lleva a hacer algunas propuestas que favorezcan la continuidad de los procesos de desarrollo participativo. Una premisa para ello es precisamente que dichos procesos no siempre van a ser compatibles con la otra dinámica venida del exterior. En algunos casos no habrá entendimientos posibles. Por tanto, si bien la negociación será un medio privilegiado para la resolución de discrepancias, aquella no siempre tendrá cabida. La mayoría de los ejemplos antes indicados lo demuestran.para poder defender sus propias dinámicas y visiones del desarrollo, sea por la vía negociadora o por otras, los actores de las mismas deben actuar en varios sentidos. Estos actores son básicamente la sociedad civil, que agrupa tanto a las organizaciones sociales como a la ciudadanía en general, y las municipalidades, que fungen como promotoras de los procesos hacia adentro y embajadoras de los mismos hacia afuera. Para el adecuado cumplimiento de este doble papel, las municipalidades deben profundizar su incipiente proceso de fortalecimiento institucional, mejorando sus capacidades de planificación y ejecución del desarrollo local.
Su empoderamiento depende también de alianzas estratégicas. Pueden ser alianzas entre municipalidades. El asociacionismo regional ya ha reportado éxitos: La Asociación De Municipalidades Del Departamento De Sololá ha desempeñado un papel central en el proceso de negociación con el Gobierno que desembocó en el cierre de la base militar de Sololá y la creación en sus instalaciones de un Centro Universitario. Además de perennizar estas alianzas regionales, hace falta dinamizar el asociacionismo a nivel nacional. Pues la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades Indígenas (AGAAI), principales foros permanentes de autoridades locales, han tenido hasta la fecha un rol poco más que decorativo que no les ha permitido incidir en las políticas públicas nacionales. Por otra parte, las mancomunidades constituyen desde el Código Municipal de 2002 otra posibilidad de alianza entre municipalidades.
Otras alianzas deben tejerse entre municipalidades y sociedad civil. Éstas han sido patentes en Río Hondo y Sipacapa: en ambos casos la consulta popular ha sido convocada por la municipalidad a solicitud de los vecinos. Sin embargo, es necesario ir más allá de las alianzas coyunturales y crear lazos continuos. Los COCODE’s y los COMUDE’s favorecen el establecimiento de estas alianzas duraderas entre autoridades locales y sociedad civil. Por eso es necesario el reforzamiento del Sistema de Consejos, que a pesar de estar legalmente constituido, funciona a bajo régimen en muchos municipios. Este Fortalecimiento No Debe Recaer Solamente En La Voluntad Política De Las Autoridades Locales. También Depende De La Exigencia De Apertura Democrática Por Parte De La Sociedad Civil Y Del Aprovechamiento Por Ella De Estos Nuevos Espacios De Participación. Esta Sociedad Civil, Especialmente En Su Vertiente “Organizada”, Debe También Fortalecerse A Lo Interno. En particular debe superar sus numerosas divisiones, muchas de ellas producto de posturas diferentes adoptadas frente a los gobiernos autoritarios en las décadas anteriores, por una parte, y de luchas de poder entre dirigentes, por otra parte. El nuevo contexto marcado por la vuelta a la democracia, el fin del conflicto armado y la integración a la economía mundial, no sólo es propicio a la superación de las discrepancias: la vuelve tan necesaria como la definición de objetivos comunes por los cuales actuar conjuntamente. Esta mejor articulación sin duda ayudaría a mejorar el poder de convocatoria de las organizaciones sociales, que es otro de sus puntos débiles a nivel nacional. Pues muchas personas sensibles a algunos temas optan por no involucrarse ante la multiplicidad poco comprensible y muchas veces competitiva de las organizaciones activas en este campo.
Además de las municipalidades y la sociedad civil, puede ser muy útil que otros actores se sumen a los procesos de desarrollo participativo. Pueden ser organismos de cooperación, administraciones locales de otros países con problemática similar (o sensibles a ésta), centros de enseñanza e/o investigación, sindicatos y otros
En la defensa de los procesos autóctonos de desarrollo, otro campo de acción radica en el ámbito legal. No se trata solamente de aprovechar al máximo las leyes nacionales que respaldan sus prerrogativas, También resulta necesario impulsar cambios legales que fortalezcan las dinámicas locales de desarrollo. Entre las iniciativas a portar estarían: la reglamentación de novedades aportadas por las leyes de 2002 (mancomunidades, consultas populares); una reforma fiscal enfocada al fortalecimiento financiero municipal; y una reforma del sistema político que permita la participación en igualdad de condiciones de fuerzas que no estén “casadas” con capitales nacionales o extranjeros.
Este último campo, el político institucional, no debe ser descuidado. Por una parte, la sociedad guatemalteca debe ejercer una auditoría constante de las actuaciones de sus autoridades. Por otra parte, debe procurar elegir opciones realmente comprometidas con el bien común (y no con los intereses combinados de un pequeño grupo nacional y de capitales extranjeros, como ha pasado en años anteriores). Esto es complicado por el modo actual de financiación de los partidos y por otros motivos (poca cultura cívica, falta de información y extrema pobreza que favorecen la manipulación de los votantes; descrédito de la política). Pero es algo a lo que la sociedad guatemalteca debe aspirar. De hecho, las propias dinámicas de desarrollo participativo contribuyen a crear en los pobladores la cultura cívica y democrática que favorece un posicionamiento electoral más razonado.
Además de las propuestas anteriores, sin duda existen otras vías posibles de afianzamiento de las dinámicas locales de desarrollo participativo. La integración del país a la economía global vuelve este afianzamiento indispensable e incluso urgente. Pues permitirá la continuidad de los procesos mediante los cuales las guatemaltecas y los guatemaltecos son cada vez más sujetos de su propio desarrollo, tal y como rigen los Acuerdos que pusieron fin al conflicto armado más largo y mortífero de América Central.
Bibliografía:
Rull Mathias (Doctorando Universidad de Perpiñán, Francia / Cooperante)
Dirección: Pº Echegaray y Caballero 40 6ºB, 50003 Zaragoza
[1] Sólo se ha denunciado la participación puntual de extranjeros empadronados fraudulentamente, en algunos municipios fronterizos con El Salvador.
[2] Entre los que ya están promovidos por empresas transnacionales y/o el Gobierno Central, podemos mencionar nuevas explotaciones mineras y petroleras, 28 represas eléctricas y la Franja Transversal del Norte, carretera que atravesaría todo el país de oeste a este.
