“Pareciera ser que la cultura guatemalteca es la de la confrontación”

“Pareciera ser que la cultura guatemalteca es la de la confrontación”

Elmer López, titular de la Secretaría  de Asuntos Agrarios (SAA).

Por: Beatriz Comenares

Leímos para usted: La Ceiba Gestión y Desarrollo Municipal

El gobierno de Otto Pérez Molina lanzó, días atrás, el plan para activar la política nacional de desarrollo rural, convenida en la administración anterior. De inmediato, varias críticas se suscitaron. El Secretario de Asuntos Agrarios se refiere a ellas.

¿Cómo superar la oposición expresada por grupos campesinos?
– Para eso es necesario entender las razones detrás del descontento. El sector estuvo involucrado, durante una década, en el proceso de diálogo que derivó en la suscripción del Acuerdo Gubernativo 196-2009, en julio de ese año, en el que se establece la política de desarrollo rural integral, la cual no avanzó a pesar de que el anterior gobierno tuvo año y medio para arrancarla.

¿Qué hizo falta?

– Nuestro análisis nos lleva a creer que la administración del presidente Álvaro Colom no contaba con las capacidades institucionales o políticas para implementarla. Además, y a pesar de que siempre estuvo vigente la mediación, se cedió irresponsablemente a ciertas demandas. Aunque el entonces ministro de Agricultura (Alfonso de León) hizo algunos intentos para que el Acuerdo cobrara vida, lo que incluyó reacomodos en la cartera y contratar asesores, no se hizo nada en concreto.

¿Qué opinan los grupos campesinos de ello?

– Yo les he escuchado decir a algunos líderes que todo fue una trampa. Sin embargo, cuando este gobierno asumió el poder tenía dos caminos: retomar el trazado o empezar de cero. Optamos por lo primero, debido a que su mayor fortaleza son los diez años de diálogo. Importante aclarar que, en su momento, solo se consensuó con los grupos campesinos y se dejó fuera a los empresarios, quienes también tienen que ver con el quehacer rural. De todas formas, era necesario activar la política. Tener aprobado un acuerdo gubernativo no significa nada.

¿Cuál es el proceso que se ha seguido en ese sentido?

– Este gobierno la adecuó estratégicamente, para hacerla viable.

En esta discusión, ¿dónde cabe la deuda agraria que el sector campesino pide que se condone?

– Esta es el producto de errores cometidos por diversos gobiernos. El campesino, hoy, además de garantizarse su canasta básica vital, debe pagar una deuda. Fontierras otorgaba parcelas y daba subsidio para adquirir activos que la hicieran productiva. Sin embargo, muchos optaron por emplear este dinero en pagar la parcela y garantizarse su propiedad, pese a que la tierra, por sí misma, no soluciona nada. Hoy, es preciso asumir estas equivocaciones.

¿De qué manera?

– No repitiendo procedimientos errados. Le cito otra modalidad cuestionable: el traslado de comunidades campesinas a fincas productivas. La meta de cualquiera es sacarle rentabilidad a la tierra en el menor plazo posible. Pero si nos referimos a grupos que primero deben subsanar otras necesidades vitales como vivienda, agua, luz, escuela, centro de salud, iglesia o carretera, la lógica no aplica. Estas personas pueden invertir años en reconstruir su comunidad. Lo económico productivo queda marginado ante necesidades urgentes. Algunos casos son lamentables.

¿Cómo cuáles?

– El de la Finca Pretoria, ubicada en las faldas del Volcán de Pacaya, el cual se encuentra bajo análisis en esta secretaría. Hacia ese lugar se trasladó, hace casi 10 años, a una comunidad de Todos Santos Cuchumatán. Sin embargo, solo el 40 por ciento de la tierra adquirida es cultivable. El resto se trata de grandes rocas donde no se puede hacer nada. En otros casos, las propiedades se vendieron con un enorme sobreprecio. La situación da cólera y tristeza, especialmente si se toma en cuenta que ello ocurrió dentro de una instancia –el Consejo Directivo de Fontierras– en el que todos los sectores tienen representación. Es difícil comprender cómo se permitió la adquisición de estas fincas.

¿Hay conciencia de estos errores entre los grupos campesinos?

– Ellos concentran su atención en que se condone la deuda. Para tal cosa, Fontierras propone analizar cada proceso cuestionable, que son menos de cien, y establecer cuáles fueron las fallas cometidas, la manera de enmendarlas y la forma de resarcir a quien haga falta. Pero el Presidente, en la reunión del martes, aseguró que esto no resuelve el problema: no soluciona ni alivia la pobreza. Es importante ir más allá e invertir en estas familias para que cuenten con servicios básicos y se conviertan en unidades económicamente productivas.

No solo los campesinos adversan la política de desarrollo rural. La Cámara del Agro también presenta objeciones. 

– Pareciera ser que la cultura nacional es la de confrontación. Nosotros tenemos una visión a favor de los derechos de los campesinos, y ellos nos acusan de clientelares. El mismo argumento utiliza el sector privado. Yo creo que, en el caso de  la Cámara de Agro, ve con desconfianza cualquier instancia que los saque de su zona de confort. Nuestra propuesta está enmarcada en ley.

Camagro argumenta que contiene inconstitucionalidades.

– Nosotros les pedimos a los técnicos revisar cada acción para no salirse del marco legal. En la Constitución, el bien común está plasmado como ideal a perseguir, y cuando Camagro argumenta que este concepto es ideológico, pues es entonces la Carta Magna la revestida de ideología. No hemos sabido aprovechar todas las herramientas que la Constitución otorga. Nuestro marco legal nos permite soñar con un país mejor. Pero si se avanza un poco, se nos acusa de estar violándolo. Ese no es el caso.Conceptos como acceso a tierra en forma gratuita generan dudas y temor.
Cuando Óscar Berger fue presidente, en esta secretaría se creó la Unidad de Atención de Crisis, como consecuencia de un problema de invasiones en Retalhuleu. En ese entonces, se firmó un compromiso para dotar de tierra, gratuita, a 900 familias campesinas. Se cumplió con 300, pero las 600 restantes siguen reclamando, documento en mano, por lo prometido. Durante la administración de Colom, la situación volvió a darse en la Sierra del Lacandón y en el Valle del Polochic. En más de 200 casos los gobiernos ofrecieron tierra, pero no existe el mecanismo para otorgarla sin cobros.

¿Qué hacer entonces?

– Poner en marcha un engranaje que lo permita y asumir los errores para evitar la acumulación de conflictos. Quienes protestan hoy recibieron ofrecimientos de tierra gratuita en el pasado, pero ello no está contemplado en Fontierras. La política agraria tiene que desarrollar los canales correspondientes para cumplir con estos compromisos, quizá desde la Unidad de Atención de Crisis de esta secretaría. Los fondos asignados para el fin deben manejarse con total transparencia y en forma sostenible. Lo repito: dar tierra no es suficiente si esta acción no viene acompañada de estrategias que saquen a la gente de la pobreza.

¿Es necesario crear un Ministerio de Desarrollo Rural?

– Cuando Guatemala retomó el rumbo democrático en los ochenta, en el mundo se abogaba por el adelgazamiento del Estado. En este país desaparecieron varias instituciones que trabajaban el tema rural. Los colegas agrónomos recuerdan con nostalgia a Digesa, Bandesa y otras que atendían al sector campesino. Pero como la necesidad seguía existiendo se crearon nuevas unidades, bajo una óptica más empresarial, con mayor autonomía y argumentando que iban a funcionar mejor. Surgen entonces, entre otros, INAB, Ric y Fontierras. Sin embargo, ocurrió lo mismo que con las computadoras: el disco duro se fragmentó y se hizo inoperante. Igual pasa con la institucionalidad. Es importante “desfragmentar”, articular los pedazos en espacios cualitativamente diferentes, para poder, con eficiencia, fomentar el desarrollo. Esta cohesión y coherencia solo puede alcanzarse con el establecimiento de un ministerio. No es suficiente una comisión presidencial.

¿Cómo promover los encadenamientos productivos en el agro?

– Al encadenamiento productivo se le considera la “magia” que llevará el desarrollo al campo, pero este depende de la capacidad excedentaria del agricultor, y el 90 por ciento de la población rural no la tiene. Nuestra meta es que el 20 por ciento la llegue a alcanzar en el corto plazo, como parte de un sistema que abarca otros aspectos.

¿Qué otros elementos incluye?

– Hoy por hoy, la economía campesina no puede vincularse con cadenas productivas, por deseable que sea. El mercado va a sacarla de la situación en la que está y es ahí donde el Estado tiene que velar para que se lleven a cabo transformaciones en el área rural. Eso sí, los esfuerzos no pueden estar relacionados únicamente con políticas sociales: si estas sobrepasan los dos años se constituyen en asistencialismo, y si superan los cinco, originan dependencia. El campo debe producir alimentos, con lo cual se garantiza la seguridad estratégica y la soberanía. La siguiente meta es nivelar las condiciones de vida con las de la ciudad. La economía campesina puede generar valor.

¿De qué manera?

– Produciendo alimentos, en una primera instancia, para consumo y nutrición de la familia campesina. Ello eleva a toda la sociedad y la dota de mejores capacidades. Es aquí donde esta política se integra al Pacto contra el Hambre. Pero nosotros no estamos apostándole solo a esta grada inicial, sino a la siguiente: la generación de excedentes dirigidos a la economía urbana del país.

¿Cómo atraer inversión al agro?

– Es necesario diversificar los ingresos en el campo. Al lograr que el sector genere excedente, el camino está allanado. Sin embargo, es preciso solucionar, antes a los problemas de conflictividad que alejan cualquier posibilidad de invertir.

La política planteada le da prioridad a que la mujer tenga acceso a la tierra. ¿Por qué?

– En el área rural, es el hombre quien tradicionalmente cuenta con el título de propiedad. Si abandonan el hogar, su familia lo pierde todo, lo cual no ocurriría si la mujer fuera la dueña de la tierra. Por otra parte, está demostrado que ellas tienen mayor capacidad productiva y administran los recursos de mejor manera. Un tercer elemento a tomar en cuenta es la migración. Son cada vez más frecuentes los hogares en que son mujeres las cabezas de familia porque los esposos se han ido.

En el Congreso se discute desde hace mucho la Ley de Desarrollo Rural. ¿Cuánto se complementa con esta política?

– La única manera de lograr transformaciones es por medio de una ley, lo cual garantiza su trascendencia hacia futuros gobiernos. Esta política, por tanto, tiene que enriquecer las propuestas ya presentes en el Congreso, como la 40-84. Todos debemos de sentir como propios los cambios necesarios para transformar al país, incluso los grupos más radicales de ambos lados del espectro político.