Alcaldes Implicados En Irregularidades En Su Administración Quieren Reelegirse

Alcaldes Implicados En Irregularidades En Su Administración Quieren Reelegirse

La Contraloría emitió un informe de la auditoría a 333 municipalidades durante 2010, generando sanciones por Q44.8 millones y denuncias por Q92.9 millones. Las denuncias contra el alcalde de Huehuetenango ascienden a Q28.6 millones; al de Cobán, Q14.4 millones; al de Baja Verapaz, Q13.2 millones; y a otro más, Q12.9 millones. El de Suchitepéquez tiene denuncias por Q10.5 millones; todos van a reelección.

Por: Equipo de investigación elPeriódico

Leímos Para Usted: La Ceiba

La Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció a 11 de los 333 alcaldes del país después de haberle hecho una auditoría a la ejecución presupuestaria de 2010, que determinó que usaron fondos para fines distintos a los programados.

Según el informe del ente fiscalizador, hubo 15 denuncias por mala utilización de fondos o desvíos, de las cuales sobresalen los alcaldes Abelino Méndez Morales, de San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, que llega a Q28 millones 616 mil 372; Leonel Arturo Chacón Barrios, de Cobán, Alta Verapaz, por Q14 millones 473 mil 865; José Brígido Luna Peláez, de San Jerónimo, Baja Verapaz, por Q13 millones 206 mil 100; Julián Fernando Lemus Riveiro, de San Miguel Tucurú, Alta Verapaz, por Q12 millones 917 mil 405; y Pedro Vicente Gutiérrez, de Santo Tomás la Unión, Suchitepéquez, por Q10 millones 564 mil 037.

Otras denuncias por mal uso de fondos y desvíos por montos menores corresponden a Daniel Alejandro Bac, de San Juan Chamelco, por Q921 mil 823; Emilio Bolvito Calate, de San Miguel Chicaj, por Q2 millones; Emilio García Guerra, de Agua Blanca, Jutiapa, por Q3 millones 148 mil 502; Sotero Chunuj Reyes, de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, por Q2 millones 860 mil 434; Donal Iván Mazariegos Machuca, de Patulul, Suchitepéquez, por Q1 millón 705 mil 834; y Marco Aurelio Salza Tay, de Santo Domingo, Suchitepéquez, por Q2 millones 501 mil.

No es la primera vez que algunos de los ediles se encuentran en una situación como esta. En el periodo fiscal de 2009 acusaron a Julián Lemus, Sotero Chunuj y Marco Aurelio Salza, por irregularidades en la administración de los fondos. Las denuncias son presentadas en contra del alcalde, síndicos, concejales y, en algunos casos, en contra del director financiero de la comuna.

Alcaldes señalados

En abril de 2009, miembros del Concejo de San Ildefonso Ixtahuacán denunciaron en público a Abelino Méndez Morales, edil de este municipio, por sobrevaloración en los proyectos, negación de información sobre la ejecución de los mismos, falsificación de documentos, negación de la participación de los concejales en las reuniones y toma de decisiones sin su consentimiento, por lo cual presentaron una denuncia en el Ministerio Público.

En marzo, el Tribunal de la Sala Sexta de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Cobán retiró la inmunidad a diez alcaldes de Alta Verapaz, entre ellos Leonel Chacón, de Cobán; Daniel Bac, de San Juan Chamelco; y Julián Lemus, de Tucurú; sindicados de varios delitos, entre estos negar información.

Además, en enero, Marco Aurelio Salza Tay, edil de Santo Domingo, Suchitepéquez, fue ligado a un proceso judicial y estuvo preso durante 58 días por el delito de falsedad material, por la falsificación de documentos con los cuales supuestamente solicitó varios préstamos a instituciones bancarias para concretar proyectos a favor de la comuna.

El juez Juan López Zamora fijó una multa de Q2 millones, la cual fue rebajada, por lo que el alcalde solo pagó Q600 mil para quedar en libertad. En marzo, Salza intentó recuperar sus funciones, pero un grupo de pobladores se lo impidió. Después, en abril, de nuevo fue detenido y trasladado a la cárcel de Mazatenango, donde espera por audiencia que le permita esclarecer su situación.

Otro caso ocurrió en marzo, cuando el director financiero de la Municipalidad de San Juan Chamelco, Francisco Javier Chub, renunció al cargo y lo atribuyó a anomalías en el manejo de los recursos municipales del alcalde Daniel Alejandro Bac Chub y su corporación municipal. Entre las anomalías se encuentra la sobrevaloración de más de Q1 millón en 5 proyectos en 2010.

Otro edil que ha sido señalado y denunciado por los pobladores, por negar información, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, es Pedro Vicente Gutiérrez, de Santo Tomás La Unión, Suchitepéquez, de quien los vecinos aseguran que ha malversado los fondos de un préstamo para la construcción del mercado municipal. 

En febrero, elPeriódico publicó que la CGC denunció a 50 alcaldes por irregularidades en el manejo del presupuesto; entre ellos, Julián Fernando Lemus, de San Miguel Tucurú; Ramón Soto García, de La Democracia, Escuintla; Édgar Arnoldo Medrano, de Chinautla; Virgilio Jerónimo Bernal Guzmán, de Nebaj, Quiché; José Genaro Páez, de Chiquimulilla y José Manuel de Jesús Morales Girón, de Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa; Ramón Peralta Villena, de Esquipulas; Alejandro Gómez Chúa, de Pasaco, Jutiapa; Ricardo Delfino Nazareno López, de Santa Cruz del Quiché, Quiché; y Marco Aurelio Salza Tay, de Santo Domingo Suchitepéquez.

Ni las múltiples sanciones ni las cuantiosas denuncias presentadas en contra de los alcaldes, mucho menos el rechazo de la población, frenan las aspiraciones de los ediles al pretender continuar dirigiendo el destino de su municipio, ya que la mayoría pretende postularse por las principales agrupaciones políticas para un nuevo periodo.

La CGC no responde

En marzo le solicitaron a la CGC el listado de las personas a las que ya les habían emitido el finiquito y quienes están pendientes de recibirlo, con el motivo por el cual no se les extendió, pero se negaron a proporcionarlo porque, en sus palabras, podían afectar a los aspirantes a cargos. 

Se trató de hablar con Rolando Alvarado Caballeros, director de Auditoría de Municipalidades, para que hablara de las denuncias presentadas contra los alcaldes, pero se negó a atender; según su secretaria, pidió que se trasladara la llamada a la oficina de Comunicación Social, donde nunca atendieron, ya que en la extensión respondía una contestadora automática.

Finiquito es obligatorio

En días recientes, fiscales de partidos políticos le solicitaron al TSE que dejara sin efecto el requisito del finiquito que emitió la CGC para quienes desean participar en las elecciones próximas. El pasado miércoles, el pleno de magistrados declaró “improcedente” la petición, por lo que todo aspirante a optar a un cargo de elección popular deberá solventar su situación ante las entidades correspondientes y tramitar su finiquito respectivo.

La ley

Según el Artículo 30 de la Ley Orgánica de la Contraloría, la denuncia debe presentarse cuando los auditores gubernamentales, en el ejercicio de sus funciones, descubran la comisión de posibles delitos contra el patrimonio de los organismos, instituciones, entidades y personas sujetas a fiscalización.

Mientras, el Artículo 39 cita que las sanciones se aplican a los funcionarios y empleados públicos y demás personas sujetas a su control que incurran en alguna infracción (toda acción u omisión que implique violación de normas jurídicas o procedimientos establecidos de índole sustancial o formal).

El informe revela que en el ejercicio practicado a las 333 municipalidades se impusieron 1,731 sanciones, por Q44 millones 824 mil 421, mientras que las 15 denuncias ascienden a Q92 millones 914 mil 376.

Se llamó a los alcaldes para conocer su postura sobre la denuncia en su contra; sin embargo, los números de estas comunas se encuentran fuera de servicio. Al edil de Cobán, Leonel Chacón, se le dejó un mensaje con su secretaria, pero no devolvió la llamada.

Reacciones

Ana Lucía Blas Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES)
“Hay que estar pendiente de si la Contraloría General de Cuentas (CGC) le da a estos candidatos el finiquito, aunque sería ilógico e ilegal otorgarlo. Es responsabilidad de los partidos proponer a personas idóneas que no estén involucradas en malos manejos de fondos. Lamentablemente, la falta de liderazgo y la corrupción, que han permeado las bases de los partidos, son las que inciden en la toma de decisiones. Muchos candidatos son caciques locales que atraen votos y colaboran en el financiamiento de las campañas. Por ello se debe renovar el liderazgo. Si los filtros de los partidos y la CGC fallan el último deben ser las urnas y ahí es donde la población debe tomar las decisiones.

■  Álvaro Pop Analista político “Está cumpliéndose con la tradición guatemalteca de alcaldes que buscan la reelección con una reconocida y muy popular identificación de irregularidades. Es importante la decisión de reiterar en el requisito de finiquito para aquellas personas que aspiran un cargo. Esto ha sucedido en todas las elecciones municipales. Los medios de comunicación y la sociedad civil deben mantener una vigilancia en este proceso. Si se les otorgara el finiquito a estos alcaldes habrá que buscar al Ministerio Público para que investigue. Se han dado casos de emisión de finiquitos a corporaciones municipales que tienen dudas razonables en su administración. Una condición (para optar a un cargo público) debería ser que ante cualquier mínima tacha no se pueda postular una persona”.

Fuente: http://www.elperiodico.com.gt/es/20110613/pais/196742/