Guatemala: El Hambre De Muchos Enriquece A Unos Pocos
Por: Gonzalo Fanjul
Leímos Para Usted: Lactucas sativa y Cpentandra.
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A pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una Ley nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Si tuviésemos que describir las paradojas de un sistema alimentario global roto, difícilmente encontraríamos un ejemplo mejor que Guatemala. Este país centroamericano, que puntúa alto en la lista de potencias agrarias (quinto exportador mundial de café y azúcar), destaca más todavía como campeona regional de la inseguridad alimentaria: uno de cada dos niños menores de cinco años padece desnutrición crónica, una cifra que se eleva al 70% cuando se trata de menores indígenas.
¿Cómo es posible que un país con un verdadero filón de recursos naturales padezca niveles tan insoportables de pobreza e inseguridad alimentaria? La respuesta no es técnica, se lo aseguro. Las tierras tienen rendimientos altos y el país cuenta con los recursos productivos necesarios. El problema es que estos recursos –empezando por la tierra- están obscenamente concentrados en las manos de unos pocos. A pesar de haber sido el primer país latinoamericano en aprobar una Ley nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Guatemala conserva un régimen feudal de reparto de la tierra (el 8% de los propietarios concentran el 80% de las tierras productivas), lo cual explica que buena parte de la pobreza extrema se concentre en zonas rurales, donde los productores pobres también son consumidores pobres (ver gráfico).
Las élites económicas han influido en las políticas gubernamentales para garantizar modelos agrarios orientados exclusivamente a la exportación y a las grandes explotaciones. Mientras tanto, los campesinos han pendulado entre el desinterés del sector público y la hostilidad de las grandes compañías, dispuestas a impulsar acuerdos comerciales como el CAFTA, que dejaban a la mayoría a merced de la competencia desleal estadounidense a cambio de garantizar cuotas de exportación.
Pero, a menudo, las diferencias en Guatemala son algo más que retóricas. Hace pocas semanas supimos por los medios de comunicación de Guatemala de un grupo numeroso de familias desalojadas de forma violenta en el Valle de Polochic, donde perdieron tierras, viviendas y la posibilidad de recoger la cosecha de maíz y frijol que garantizaría su subsistencia.
El caso de los campesinos de Polochic no es una excepción, pero tampoco lo son las numerosas historias de lucha y dignidad en las que las comunidades pobres buscan corregir desigualdades atávicas. Madre Tierra, por ejemplo, es una organización de mujeres campesinas que huyeron a México durante la guerra y retornaron con los Acuerdos de Paz. Su líder, Raquel Vásquez, relataba hace poco las dificultades del retorno, cuando el Estado les concedió a crédito algunas tierras. La primera batalla fue lograr que las mujeres tuviesen derecho a ser cotitulares de estas tierras, junto con sus maridos; después llegaron jornadas interminables para garantizar el rendimiento de sus explotaciones y la producción que alimentase a sus familias.
A diferencia de lo que opinan muchos, la agricultura familiar y campesina puede cumplir los objetivos de eficiencia, sostenibilidad y equidad que requiere el sistema alimentario del futuro. Pero para eso es necesario que juegue en igualdad de condiciones con otros sectores, obteniendo del Estado el apoyo legal y económico que necesita cualquier sector estratégico.
Las comunidades de Guatemala deben organizarse como estrategia a los problemas de salud, educación y seguridad alimentaria. Foto Renato Lechuga García. Taller de ordenamiento territorial.
Con un presupuesto de poco más de 600 millones de quetzales (unos 54 millones de euros), el Ministerio de Agricultura guatemalteco es incapaz de hacer frente al problema nacional de inseguridad alimentaria. Para que se hagan una idea, los agricultores españoles reciben solo en subsidios una cantidad 100 veces mayor que esa. Por eso muchas organizaciones campesinas, junto con otros actores de la sociedad civil, exigen desde hace años que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice el derecho de los guatemaltecos a la alimentación. Ese es el propósito de la Ley de Desarrollo Rural Integral que han propuesto y que considera, entre otras medidas, la creación de un sistema nacional reservas alimentarias que permitiría hacer frente a las hambrunas y moderar los repuntes de precios.
El caso de Guatemala demuestra que este problema no solo es africano y no siempre encuentra sus culpables en el extranjero. Las comunidades campesinas y las organizaciones que les apoyan, como Oxfam, han logrado situar este drama en la agenda nacional. Del compromiso del Estado y de sus instituciones va a depender que los próximos años pasen a la historia como el momento en el que Guatemala acabó con el hambre.
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