viernes, 11 de febrero de 2011

Chilenos presentan casi cien solicitudes de acceso a información pública por día.


Chilenos presentan casi cien solicitudes de acceso a información pública por día.
A poco de cumplirse dos años de la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia:
Los ministerios con más requerimientos son Defensa, Trabajo y Educación, y los organismos más solicitados son la Dirección del Trabajo, Carabineros y la Subsecretaría de Educación
Por: Ximena Pérez G.
Leímos Para Usted.
Responsabilidad Ciudadada.
Más de 60 mil solicitudes de acceso a la información pública -2.861 por mes y 96,3 al día, en promedio- se han presentado en distintos organismos del Estado, desde la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia, el 20 de abril de 2009.
La Dirección del Trabajo, Carabineros y la Subsecretaría de Educación son las entidades que más requerimientos han recibido desde el inicio del sistema hasta diciembre de 2010, según las estadísticas de la Comisión de Probidad y Transparencia (ver infografía http://diario.elmercurio.com/images/pixel.gif)
En cuanto a secretarías de Estado, encabezan la lista los ministerios sociales (con un 46,8% de las solicitudes). De ellos destacan el ministerio del Trabajo y Previsión Social y el de Educación. Le siguen los económicos (32,63%) y los políticos (20,5%).
A esta última área pertenece la cartera que más requerimientos de acceso a la información pública ha recibido en el periodo de vigencia de la Ley de Transparencia, el Ministerio de Defensa.
Contingentes
Actualmente en esa secretaría de Estado se tramitan varias consultas relacionadas con materias que han generado polémica en las últimas semanas.
Entre ellas hay preguntas sobre las casas de los comandantes en jefe, ya sea el tamaño y la distribución de los inmuebles. Fuentes del ministerio de Defensa señalaron que dichos antecedentes no serán entregados si es que comprometen la seguridad nacional.
Otras solicitudes se refieren a la cantidad de escoltas de los comandantes en jefe o a los tipos de equipos de comunicación que ocupan distintas ramas de las Fuerzas Armadas, lo que también podría ser denegado por poner en riesgo la seguridad nacional.
En el mismo ministerio, a través de la Ley de Transparencia también pidieron una lista del personal vinculado a violaciones a los Derechos Humanos, información sobre los fondos de la Ley del Cobre y sobre el puente mecano en la Región del Biobío, además de la inversión que se ha hecho para la reconstrucción post terremoto en aquella zona del país.
Quienes solicitan información pueden entregar de manera opcional datos como la región donde viven, y su edad, nacionalidad, género o nivel educacional.
A partir de esos antecedentes -que no entregan todos los requirentes- se puede tener un perfil del solicitante promedio.
Según los datos recabados, quienes han pedido información pública a través de la Ley de Transparencia en su mayoría son hombres de entre 30 y 49 años, chilenos, con estudios universitarios, y que viven en la Región Metropolitana.
El 2,19% de los solicitantes declaró ser periodista.
Actualmente hay 280 organismos públicos obligados por la Ley de Transparencia a entregar información pública, pero este año el total de servicios considerados para el monitoreo que realiza la Comisión de Probidad y Transparencia sobre solicitudes de acceso a la información pública, aumentará a 344.
Esto, considerando por ejemplo la incorporación del Ministerio del Medio Ambiente y con él, de la Subsecretaría y la Superintendencia respectiva, y del Servicio de Evaluación Ambiental.
Y además, la creación de la Subsecretaría de Turismo y las de Defensa, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto.
Denegación
Además de la seguridad nacional, otras causales para denegar información están vinculadas con las relaciones exteriores y la vida privada del personero inquirido. Además de aquellas que la ley de quórum calificado, defina como secretas.
El Consejo, la "segunda instancia" en materia de transparencia
Desde el 20 de abril de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2010 ingresaron al Consejo para la Transparencia -organismo encargado de velar por el cumplimiento de la ley-, 1612 casos en los que los solicitantes no recibieron respuesta de las entidades públicas o no quedaron conformes con éstas.
De los casos ingresados, 452 correspondieron a solicitudes enviadas a municipios (28%).
El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo que puede declarar admisible o inadmisible el amparo -presentación en que el solicitante reclama por la denegación de acceso a la información- y, de declararlo admisible, lo tramita y puede acogerlo o no.
Si lo acoge, el consejo tiene la atribución para requerir que el organismo público consultado entregue la información solicitada.
Hasta ahora sólo se han hecho balances sobre estadísticas de ingresos de solicitudes y de reclamos y amparos, pero un desafío pendiente según se reconoce en los organismos vinculados a la Ley de Transparencia es lograr analizar las materias que se consultan.
La Ley de Transparencia establece sanciones que se pueden aplicar cuando se deniegue infundadamente el acceso a la información. También, si no se entrega oportunamente, o no se cumplen las normas sobre transparencia que obliga a los organismos estatales a mantener publicada y a disposición permanente de las personas la información relevante. El espíritu de la ley es que la ciudadanía pueda conocer lo que se está haciendo, participar en los asuntos públicos y controlar cómo se comportan las autoridades.
Los Casos Cuestionados
Licencia
En diciembre de 2010 el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo presentado por un hombre que solicitó a la Seremi de Educación del Biobío invalidar la licencia de enseñanza media de una mujer. El consejo argumentó que no se estaba pidiendo información sino que la invalidación de un acto administrativo.
Gendarmería
En noviembre de 2010, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo presentado por el mayor (r) y ex agente de la CNI Carlos Herrera Jiménez, a quien Gendarmería le había rechazado su solicitud de copia de todas las actas, informes, escritos y otros, relacionados con su persona, evacuados en las Sesiones del Consejo Técnico del Centro Penitenciario Especial Punta Peuco, donde se analizaron y resolvieron sus solicitudes a la salida dominical.
Terremoto
En agosto de 2010, el Consejo para la Transparencia rechazó por extemporáneo el amparo presentado por un hombre que había solicitado a la Municipalidad de Lo Prado información relativa a los subsidios para la reparación de daños producidos por el terremoto en un block de departamentos de la comuna.
Fuente: http://diario.elmercurio.com/2011/02/11/nacional/nacional/noticias/F0F00977-7802-415F-8A58-7CBAB1CA85D8.htm?id={F0F00977-7802-415F-8A58-7CBAB1CA85D8}

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