Competitividad: otra vez

Deberíamos comprometernos en reformas de largo plazo.

Fotografía de Renato Lechuga. El niño Mario Hernández es parte de la economía informal de Guatemala, compite con capitales trasnacionales y él es parte del sostén de la economía de su familia y del país.

Leímos para usted:

Renato Lechuga García

Gestor y Planificador Territorial

Por: Hugo Maúl

  

Las condiciones de competitividad del país nunca han sido espectaculares. Los períodos de mejora casi siempre han sido seguidos por períodos de retroceso. Terminando, al final de cuentas, igual o peor que como empezamos.

Este errático proceso de cambio en los incentivos, restricciones y reglas del juego, afecta a todo tipo de empresas, reduciendo su potencial de crecimiento. Lo cual redunda en una falta generalizada de negocios pujantes, de rápido crecimiento, que generen oportunidades de empleo y que mejoren sus niveles de eficiencia.

Aunque cierto tipo de empresas se adaptan mejor a este entorno, logrando mantener cierto ritmo de crecimiento, de introducción de mejoras tecnológicas y de mejoras en las condiciones laborales, la gran mayoría no lo puede hacer. Algo que, finalmente, se ve reflejado en los bajos niveles de crecimiento del país, en los pobres niveles de inversión en capital físico y humano y en el nulo crecimiento de la productividad de los factores de producción.

Aunque nadie niega la importancia del combate a la pobreza, es importante reconocer que la política pública no puede reducirse únicamente a “quitar” a quienes tienen para “regalar” a quienes no tienen. Tarde o temprano hay que considerar la necesidad de adoptar reformas generales que promuevan el crecimiento a largo plazo.

Adoptar una multiplicidad de políticas sectoriales, desarticuladas entre sí, que no responden a un objetivo global y que no obedecen a priorización alguna, es la forma menos eficaz de promover el desarrollo.

Aunque cierto tipo de actividades económicas requieran de políticas específicas, es más importante reconocer la necesidad de políticas generales de largo plazo que de políticas sectoriales. Al final de cuentas, es muy poco lo que una política sectorial puede lograr si no existen condiciones mínimas de seguridad física y jurídica para los negocios, respeto a los derechos de propiedad, predictibilidad en las reglas impositivas, acceso confiable y competitivo a los insumos, etcétera.  

Por ello, es necesario enfocar la política pública en torno al objetivo de incrementar la competitividad global de la economía y, por sobre todo, a no retroceder después que se ha logrado algún tipo de avance. Más que programas reactivos ante crisis, amenazas u oportunidades pasajeras, actitud que nos ha caracterizado en el pasado reciente, deberíamos comprometernos en reformas de largo plazo que mejoren el clima de inversiones y negocios para todos.